Skip to content
Volver a Kworia

El plazo definitivo de facturación electrónica en República Dominicana: multas escalonadas y riesgos comerciales

El 15 de noviembre de 2026 marca el plazo final e inamovible para que pequeñas empresas, microempresas y contribuyentes no clasificados en la República Dominicana adopten obligatoriamente sistemas de facturación electrónica, según lo establecido por la Ley 32-23. Esta normativa introduce un sistema de multas escalonado y consecuencias comerciales significativas para quienes no cumplan.

Kworia 2 min de lectura Contenido generado por IA — Cómo se elabora este sitio

Puntos clave

  • Las multas por incumplimiento de la facturación electrónica en RD van desde 5 a 30 salarios mínimos del sector público (RD$80,000–RD$85,000).
  • Las empresas no cumplidoras perderán el derecho a emitir facturas tradicionales y enfrentarán dificultades en su cadena de suministro.
  • El incumplimiento también incrementa el riesgo de auditorías y escrutinio administrativo.

Contexto

La Ley 32-23, promulgada para fortalecer la fiscalización y reducir el fraude tributario, ha implementado un proceso de adopción gradual que culminará el 15 de noviembre de 2026. Durante estos 42 meses, se han establecido fases específicas para diferentes sectores y tamaños de empresas. Esta última fase afecta a las pequeñas empresas, microempresas y contribuyentes no clasificados, completando así el ciclo de implementación obligatoria de la facturación electrónica en todo el país.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha dejado claro que no habrá prórrogas para este plazo. Las empresas que no cumplan con esta norma enfrentarán multas significativas, pérdida de autorización para emitir facturas tradicionales y riesgos en su cadena de suministro, entre otras consecuencias.

Estructura de multas y penalidades

El marco de penalidades bajo la Ley 32-23 es multifacético, diseñando un sistema que escala según el tamaño y la gravedad de la infracción. Las multas base oscilan entre 5 y 30 salarios mínimos del sector público, actualmente equivalentes a aproximadamente RD$80,000–RD$85,000. Esta cantidad puede incrementarse con una penalidad adicional del 0.25% de los ingresos declarados en el período fiscal anterior, dependiendo de la severidad de la infracción.

Esta estructura garantiza que las multas sean proporcionales al tamaño del negocio, afectando más a las empresas más grandes dentro de la categoría de pequeñas empresas. Además, los contribuyentes no cumplidores perderán el derecho a emitir facturas tradicionales bajo la Serie B, y cualquier factura emitida fuera de los mecanismos autorizados por la DGII será rechazada automáticamente.

Consecuencias comerciales y riesgos

Las consecuencias de no cumplir con la normativa de facturación electrónica van más allá de las multas financieras. Los clientes de empresas no cumplidoras no podrán deducir gastos ni reclamar créditos fiscales (ITBIS) por facturas rechazadas, lo que genera fricciones en los pagos y potencialmente deteriora las relaciones comerciales. Además, el incumplimiento elevará el "Scoring Tributario" (puntuación de riesgo fiscal) del contribuyente, incrementando su vulnerabilidad a auditorías y escrutinio administrativo.

Esta reputación negativa persiste incluso después de pagar las multas iniciales, lo que puede afectar la capacidad de la empresa para cerrar negocios en el futuro.

Perspectivas y qué observar

A medida que se acerca la fecha límite, es crucial que las empresas afectadas aseguren su cumplimiento con los sistemas de facturación electrónica autorizados. La DGII ha puesto a disposición aproximadamente 200 proveedores de facturación electrónica autorizados y ofrece una herramienta gratuita de facturación con capacidad de firma digital, así como capacitación gratuita a nivel nacional.

Las empresas deben verificar su elegibilidad para cualquier excepción legalmente reconocida y asegurarse de que sus sistemas estén completamente integrados con las plataformas autorizadas por la DGII antes del 15 de noviembre. Además, es fundamental estar al tanto de cualquier actualización en los salarios mínimos del sector público, ya que esto afectará directamente el cálculo de las multas base.

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer una empresa para cumplir con la normativa de facturación electrónica?
Las empresas deben seleccionar un proveedor autorizado por la DGII o utilizar la herramienta gratuita ofrecida, asegurándose de que su sistema esté integrado completamente antes del 15 de noviembre.
¿Qué ocurre si una empresa emite una factura tradicional después del 15 de noviembre?
Cualquier factura emitida fuera de los mecanismos autorizados por la DGII será rechazada, y la empresa enfrentará multas y pérdida de derechos para emitir facturas tradicionales.
¿Cómo afecta el incumplimiento a los clientes de la empresa no cumplidora?
Los clientes no podrán deducir gastos ni reclamar créditos fiscales (ITBIS) por facturas rechazadas, lo que puede generar fricciones en los pagos y deteriorar relaciones comerciales.
¿Qué es el Scoring Tributario y cómo afecta el incumplimiento?
El Scoring Tributario es una puntuación de riesgo fiscal que se incrementa con el incumplimiento, aumentando la probabilidad de auditorías y escrutinio administrativo.
¿Existen excepciones para algunas empresas?
La DGII reconoce excepciones legales específicas, pero las empresas deben verificar su elegibilidad y asegurarse de cumplir con los requisitos correspondientes.
Compartir: X LinkedIn Email

Artículos relacionados

Más del 90% de los colmados y bodegas en la República Dominicana no están preparados para el mandato obligatorio de facturación electrónica que entró en vigencia el 15 de noviembre de 2026, según la Asociación de Comerciantes Minoristas y Emprendedores. Esta es la primera vez que una parte interesada cuantifica su oposición durante esta fase de implementación, solicitando formalmente la exención de estos pequeños negocios.
spainDO NEWS

Crisis de cumplimiento de facturación electrónica entre pequeños comerciantes en República Dominicana

Más del 90% de los colmados y bodegas en la República Dominicana no están preparados para el mandato obligatorio de facturación electrónica que entró en vigencia el 15 de noviembre de 2026. La Asociación de Comerciantes Minoristas y Emprendedores solicita formalmente la exención de estos pequeños negocios, citando barreras de información, burocracia y limitaciones financieras.

3 min de lectura